La Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, ha sido aprobada con el objetivo de establecer las normas en materia de seguridad alimentaria y fomentar hábitos saludables en la población.

“Esta ley parte de la idea de que la protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria de mujeres y hombres, requiere de un enfoque integral que contemple los riesgos asociados a la alimentación desde la granja a la mesa,  [........]. Por ello, la nueva ley atiende a las perspectivas clásicas de la seguridad alimentaria, como son la detección y eliminación de riesgos físicos, químicos, y biológicos, desde un nuevo enfoque anticipatorio que se fundamenta jurídicamente en el principio de precaución”.

Objeto de la norma (artículo 1):

“En desarrollo del artículo 43 de la Constitución, el objeto de esta ley es el reconocimiento y la protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria, derecho a conocer los riesgos potenciales que pudieran estar asociados a un alimento y/o a alguno de sus componentes”

En lo que respecta a las industrias agroalimentarias y productoras de piensos, esta ley obliga a controlar la seguridad de los alimentos y de los piensos destinados a los animales productores de alimentos, en todas las etapas de la producción, transformación y distribución.

Claramente está hablando de tener implantado un Sistema de Trazabilidad, y de hecho, en su artículo 6 habla expresamente de ella. Donde nos habla de conceptos ya conocidos por todos:

  • Trazabilidad hacia atrás o buscar el origen: Identificar el proveedor, lugar de origen, la identificación del producto-lote, unidades, fecha de caducidad y fecha de entrada. Por tanto, el proveedor es responsable en esta fase de facilitar estos datos al destinatario.
  • Trazabilidad de proceso: Vincular los productos entrantes con los productos a distribuir a los clientes. Por tanto se controlará desde el historial del almacenaje hasta  los procesados del producto: presentaciones, mezclas, …etc.
  • Trazabilidad hacia delante: Identificación del cliente, del artículo y lote vendido de mercancía, caducidad, fecha de salida y almacén de salida.  (Se excluyen los consumidores finales de este control).

Cada eslabón de la cadena de trazabilidad tiene la obligación de facilitar la información al siguiente. Gracias a esta responsabilidad de cada uno de los eslabones, se puede trazar el origen y destino de un producto.

También se refieren de manera expresa al etiquetaje de los productos para una perfecta identificación. Con lo que un buen sistema sería EAN para la identificación de la trazabilidad en el etiquetaje.

Así que seguirán siendo necesarios los requisitos de trazabilidad establecidos básicamente en:

El objetivo final de la Ley es la prevención de riesgos para la salud humana regulando los procedimientos de evaluación, gestión y comunicación de riesgos alimentarios por parte de las autoridades sanitarias.

Esta evaluación y gestión de riesgos de la administración, es de suma importancia, ya que durante este año que termina hemos sido testigos de nuevo de graves incidentes de seguridad alimentaria en la Unión Europea, como la crisis del pepino.

Esta crisis no solo ha afectado a la salud de las personas, sino que ha perjudicado también en gran medida a los productores españoles, no por aplicar malas prácticas en la producción y la distribución de sus productos, sino por la mala gestión de la crisis por parte de las autoridades sanitarias comunitarias. Ha supuesto una gran pérdida económica por la destrucción masiva del producto, por la mala imagen que ha dado de los productores, y que supone un sobre coste en el posterior esfuerzo por reponer la pérdida de la confianza de los consumidores.

Si los productores y empresas agroalimentarias cumplen los requisitos legales de trazabilidad, estarán facilitando la tarea de control sanitario, evitando crear alarmas alimentarias que puedan poner en riesgo marcas, sectores y zonas productivas, ya que en la propia cadena de trazabilidad pueden identificarse a tiempo los riesgos. Los mismos operadores pueden y deben actuar en cuanto detecten un riesgo, avisando a las autoridades para la retirada y destrucción del producto de manera ágil y más eficiente, porque está identificado.

Todo esto generará más confianza a los consumidores, disminuyendo el riesgo de pánico, tal y como hemos visto recientemente con la crisis del pepino o con la crisis de las vacas locas, que provocaron un desplome en las ventas de estos productos. Este control interesa a todos.

En el pasado mes de septiembre, se ha aprobado el Reglamento de Ejecución Nº 931/2011 de la Comisión, de 19 de septiembre, relativo a los requisitos en materia de trazabilidad establecidos en el Reglamento (CE) Nº 178/2002, para los alimentos de origen animal.

En este reglamento mencionan de manera detallada los requisitos de información que hay que suministrar al siguiente eslabón de la cadena de suministro y producción.

Expresa en su texto cómo la experiencia ha mostrado que las empresas agroalimentarias no poseen habitualmente la información necesaria para garantizar el sistema de control e identificación. Hay que proporcionar el volumen de alimentos de origen animal, el lote, fecha de expedición, caducidad si procede,  y descripción en detalle de los alimentos al destinatario de sus productos, registrando convenientemente todos estos puntos.

Se aplicará este reglamento en los alimentos y productos indicados en e artículo 2.1 del Reglamento (CE), Nº 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,  sobre la higiene de los alimentos, también de referencia para la nueva Ley de Seguridad Alimentaria.

Las Administraciones públicas competentes, en el uso de su potestad sancionadora, sancionarán las conductas tipificadas como infracción en materia de seguridad alimentaria y nutrición. La Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria tipifica los siguientes niveles de infracciones y sanciones económicas:

  • Infracciones leves, hasta 5.000,00 euros.
  • Infracciones graves, entre 5.001,00 euros y 20.000,00 euros.
  • Infracciones muy graves, entre 20.001,00 y 600.000,00 euros.  En este caso podría llegar a cerrarse el establecimiento temporalmente, con un máximo de 5 años.

Como ejemplo de infracción leve tenemos el etiquetado insuficiente o defectuoso en alimentos o piensos, la no cumplimentación adecuada de los registros y documentación exigidas en las normas, la elaboración en condiciones no permitidas por la normativa vigente…etc.